Cada agosto trae filas interminables de jóvenes que no podrán tener una profesión, al menos no sin las opciones que se obtienen con dinero. Los admitidos en el sistema educativo mexicano son una élite. El resto queda a las puertas del comercio informal, la delincuencia o la nada. Son calificados por un examen que metódicamente los excluye, marcada la reprobación en su piel.
Este año el estigma pesa sobre un estimado de 200 mil jóvenes marginados de las universidades públicas solamente en el Distrito Federal y su área conurbada. De ellos, apenas unos mil 400 se integraron al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), fundado en 2006 para demandar al gobierno federal que garantice la educación superior pública y gratuita como un derecho constitucional, no como un favor, para todos los jóvenes que la soliciten.
Por ser “discriminatorio” al basarse en la condición económica y la escuela de procedencia, exigen también que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a las universidades para sustituirlo con un procedimiento basado en la “justicia” y la “equidad”.
Eduardo Jesús Contreras, rechazado de las escuelas de psicología de la UNAM y la UAM en 2010 y 2011, fue el primero en hablar con el reportero. Mencionó su proceso de rechazo y su frustración, el desdén institucional: “El hecho de que te nieguen un proyecto de vida porque no tienen espacio es muy injusto”, dice. Le queda la condena de ser rechazado y la tristeza que se agudiza con la falta de recursos. “Si no puedo estudiar es porque soy uno de los millones de pobres de este país”. s instituciones de educación superior”. (Extracto del reportaje que aparece esta semana en la edición 1816 de la revista Proceso)
Este año el estigma pesa sobre un estimado de 200 mil jóvenes marginados de las universidades públicas solamente en el Distrito Federal y su área conurbada. De ellos, apenas unos mil 400 se integraron al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), fundado en 2006 para demandar al gobierno federal que garantice la educación superior pública y gratuita como un derecho constitucional, no como un favor, para todos los jóvenes que la soliciten.
Por ser “discriminatorio” al basarse en la condición económica y la escuela de procedencia, exigen también que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a las universidades para sustituirlo con un procedimiento basado en la “justicia” y la “equidad”.
Eduardo Jesús Contreras, rechazado de las escuelas de psicología de la UNAM y la UAM en 2010 y 2011, fue el primero en hablar con el reportero. Mencionó su proceso de rechazo y su frustración, el desdén institucional: “El hecho de que te nieguen un proyecto de vida porque no tienen espacio es muy injusto”, dice. Le queda la condena de ser rechazado y la tristeza que se agudiza con la falta de recursos. “Si no puedo estudiar es porque soy uno de los millones de pobres de este país”. s instituciones de educación superior”. (Extracto del reportaje que aparece esta semana en la edición 1816 de la revista Proceso)
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